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DISTORSIÓN:

El discurso

contra la realidad

Hoy, la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información no es mejor que ayer. El discurso oficial es un espejo que distorsiona la realidad, al mando de una narrativa de aversión al disenso.

En Distorsión: el discurso contra la realidad, el informe anual 2020 de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, describimos la degradación del debate público y los mecanismos de censura que se mantienen y agudizan.

01

La concentración

y clausura de la

información

AMLO centralizó en su figura la comunicación de la administración que encabeza. Desde la tribuna de las “mañaneras” el presidente pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y… desinforma.

Los “otros datos” que el presidente dice tener —sobre todo, en materia de derechos humanos— parecen no existir en los acervos documentales de las dependencias a su cargo.

Cuando el presidente emite una declaración que tiende a desdeñar problemas como la violencia contra las mujeres o que busca estigmatizar a víctimas de la violencia criminal y de Estado, solicitar evidencia documental que sostenga sus afirmaciones tiene como consecuencia entrar a un laberinto burocrático para obtener esos “otros datos” o para, de plano, corroborar que no existen. A la larga, el farragoso, técnico y complejo camino para obtener información por los canales institucionales es un excelente disuasivo para evitar ejercicios duraderos de verificación frente a los dichos del jefe del Ejecutivo.

Cuando el presidente emite una declaración que tiende a desdeñar problemas como la violencia contra las mujeres o que busca estigmatizar a víctimas de la violencia criminal y de Estado, solicitar evidencia documental que sostenga sus afirmaciones tiene como consecuencia entrar a un laberinto burocrático para obtener esos “otros datos” o para, de plano, corroborar que no existen. A la larga, el farragoso, técnico y complejo camino para obtener información por los canales institucionales es un excelente disuasivo para evitar ejercicios duraderos de verificación frente a los dichos del jefe del Ejecutivo.

Cuando el presidente emite una declaración que tiende a desdeñar problemas como la violencia contra las mujeres o que busca estigmatizar a víctimas de la violencia criminal y de Estado, solicitar evidencia documental que sostenga sus afirmaciones tiene como consecuencia entrar a un laberinto burocrático para obtener esos “otros datos” o para, de plano, corroborar que no existen. A la larga, el farragoso, técnico y complejo camino para obtener información por los canales institucionales es un excelente disuasivo para evitar ejercicios duraderos de verificación frente a los dichos del jefe del Ejecutivo.

Además el presidente decidió unilateralmente, mediante decreto publicado el 23 de abril pasado, disminuir los tiempos fiscales que los concesionarios de radio y televisión deben ceder al gobierno, con la justificación de que ya tiene las conferencias mañaneras para informar. Así, dispuso de este impuesto en especie como si fuera propio del Ejecutivo y no del Estado mexicano, cuando tales tiempos fiscales pudieran ser, al igual que la publicidad oficial, un medio eficaz para brindar información a la población sobre la contingencia sanitaria.

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) pretende calificar la veracidad de la información con criterios y metodología poco claros, a través del sitio Infodemia.mx. Si bien la iniciativa, en principio, parece loable, comporta el peligro de que el Estado se arrogue en contradicción con los principios internacionales) la facultad de calificar qué información es “cierta” y cuál es “falsa”, lo que, a la par, conlleva el riesgo real de invalidar arbitrariamente contenidos críticos del desempeño gubernamental.

La cereza del pastel en la pretensión de concentrar y clausurar la información la atestiguamos este año con el amago de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otros organismos autónomos. En particular, el 7 de enero, el presidente señaló que preparará una reforma administrativa para que el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal: el primero a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el segundo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Para justificarlo, se valió de varias falacias, por ejemplo, lo oneroso del INAI, aunque la realidad es que, según México Evalúa, sólo representa un centavo de cada cien pesos del presupuesto público. También acusó al organismo de ser una entidad que promueve la opacidad, cuando, en los hechos, son las dependencias a cargo del propio presidente y otros sujetos obligados a proporcionar información las que, en primer término, la niegan u ocultan. Lo cierto es que el INAI, como organismo autónomo con facultades para ordenar a las dependencias federales la entrega de información, constituye un contrapeso frente a la opacidad que caracteriza el actual gobierno.

02

La desigualdad

informativa en

la pandemia

El desafío en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica está en garantizar, más allá del discurso, una acción coherente y articulada que mitigue los riesgos reales para los derechos económicos y sociales de amplios sectores de la población.

La brecha digital, que en México aqueja al 55% de la población mexicana que se encuentra en el estrato económico “bajo” y 53% de la población rural, está lejos de revertirse. La propuesta de política pública planteada, al parecer, se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos.

La brecha digital, que en México aqueja al 55% de la población mexicana que se encuentra en el estrato económico “bajo” y 53% de la población rural, está lejos de revertirse. La propuesta de política pública planteada, al parecer, se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos.

La falta de políticas de transparencia proactiva que permitan llevar información necesaria para un robusto ejercicio de los derechos a la salud y a la educación, nos permite llegar a la dolorosa conclusión de que, pese al discurso, los pueblos y comunidades indígenas no son reconocidas en los hechos como sujetos de derecho.

Observamos un factor de violencia estructural en contra de la prensa, de por sí asediada por múltiples actores públicos y privados para acallarla: la precariedad laboral. Casi cien periodistas murieron de COVID-19 hasta el momento de escribir estas líneas. Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país. En ello, convergen las responsabilidades del Estado y de los dueños de los medios de comunicación.

03

El permiso

para agredir

a la prensa

López Obrador se queja de manera recurrente de que es el presidente más “atacado” por la prensa para, después, magnánimo, decir que no va a censurar ni a perseguir a nadie .

Efectivamente, existen múltiples discursos críticos contra el gobierno federal en los medios convencionales. Pero esto es sano y necesario en una democracia, no puede considerarse una concesión graciosa ni, mucho menos, puede ser materia de reproche por parte de las altas autoridades del país.

Tal vez, el presidente no mande acallar periodistas de manera directa, pero los fustiga y estigmatiza, pasando por alto dos aspectos particulares: el ser un funcionario público sujeto a escrutinio y crítica públicos, naturalmente intensos por el cargo que ocupa, y la situación tan apremiante de violencia que padece la prensa.

Los atentados contra los medios aumentaron un 13.63% respecto a 2019, arrojando un registro de 692 ataques en Una agresión contra la prensa cada 13 horas

De las agresiones contra periodistas, 49.5% fueron perpetradas por agentes del Estado (personas funcionarias públicas, fuerzas de seguridad civil y fuerzas armadas). Es decir, un incremento de 29.4% en este tipo de ataques respecto a 2019.

Las agresiones más comunes contra la prensa cometidas por personas funcionarias públicas fueron el uso ilegítimo del poder público, con 28.72% (principalmente hostigamientos judiciales y estigmatizaciones contra la prensa; intimidaciones y hostigamientos, con 23.94%, y bloqueos o alteraciones de contenido, con 21.28%.

Las agresiones que provienen, específicamente, de las fuerzas de seguridad civiles, que constituyen 144 de un total de 343 cometidas por autoridades (41.98%)

Llama la atención el aumento exponencial de los actos categorizados por ARTICLE 19 como “uso ilegítimo del poder público”. Los actos de hostigamiento administrativo y judicial registrados pasaron de 11, durante 2019, a 33, en 2020. Es decir, se triplicó la utilización del aparato de poder para amedrentar o acallar voces críticas.

Un caso paradigmático es el de Notimex. Han pasado diez meses desde que dimos a conocer que directivas de esta agencia ordenan a sus empleados el uso de cuentas de Twitter para agredir a periodistas, pero las autoridades a cargo de investigar estos hechos han actuado con inexplicable y obsequiosa lentitud. La respuesta del presidente sigue siendo ambivalente y la SFP mantiene estancadas las pesquisas. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró estas agresiones como un “conflicto laboral”, enviando nuestra queja a la Sexta Visitaduría, encargada, precisamente, de los casos de derechos laborales. La degradación de la agencia se ha agudizado con la huelga, que está lejos de resolverse por falta de voluntad de las autoridades de Notimex.

En voz del presidente, se ha repetido hasta el cansancio que ya no hay violaciones a los derechos humanos y que no se permitirá la corrupción ni la impunidad. Notimex es la prueba palmaria de que lo dicho en la palestra por López Obrador no se corresponde con los hechos de su gobierno.

El 2020 fue un año de toma de espacios públicos por las mujeres mexicanas, quienes, hartas de la violencia sistémica que viven día con día, salieron a las calles para reclamar los derechos que el sistema patriarcal violenta o, de plano, les niega. Así, en la cobertura de las movilizaciones feministas, periodistas mujeres fueron agredidas tanto por los cuerpos policiales como por particulares, resaltando aún más el doble riesgo de ser mujer y ser periodista en México.

También es importante recalcar que 191 de las 692 agresiones contra la prensa documentadas, es decir, 27.6%, son de carácter digital. Resaltan los seis ataques informáticos para inhabilitar las suscripciones al portal Animal Político, así como los cometidos contra los medios de comunicación sinaloenses Noroeste, Revista Espejo, Reacción Informativa, Riodoce y Línea Directa, los cuales vieron sus sitios web desbordados por miles de peticiones de servicio (ataque DDOS) que limitaron el acceso a sus páginas.

Con un total de 113 agresiones, el 16.3% de los ataques contra la prensa en 2020 fueron con motivo de la cobertura de la situación causada por el COVID-19. La llegada de la enfermedad a México implicó también un intento de censura en contra de quienes buscaban ejercer su derecho a informar sobre la situación real del manejo de la emergencia sanitaria y de la crisis económica que desataría en el país.

No podemos pasar por alto que cada vez es más evidente la insuficiencia de analizar la violencia contra la prensa por tipo de agresor, como si fueran actores completamente independientes entre sí. Las acciones más violentas contra la prensa tienen como principales perpetradores a “particulares”, “desconocidos” o integrantes del “crimen organizado”. Pero no debemos perder de vista que existen una multiplicidad de relaciones de contubernio y omisiones estatales que entrañan esquemas de criminalidad más complejos.

En 2020, registramos que seis periodistas fueron asesinados por motivos posiblemente vinculados con su labor: María Elena Ferral, Julio Valdivia, Pablo Morrugarrés, Jorge Armenta, Israel Vázquez y Jaime Daniel Castaño. Todos con precedentes de algún tipo, incluso amenazas previas en cuatro casos. Y tres de ellos ultimados hallándose al amparo de alguna medida de protección del Estado. Así, se llega a la lamentable cifra de 17 periodistas asesinados en lo que va de la administración actual.

04

La vocación

por censurar

internet

"No vamos a censurar" vs regulación del internet

Una nueva batalla se libra ante la pretensión del Estado de regular internet.

Ante esta realidad, cualquier régimen con vocación autoritaria se ve frustrado al no poder controlar la expresión digital de su ciudadanía y, por ello, desplegará diversas acciones para intentar distorsionar la manera en que las personas viven y experimentan internet.

Es la vocación autoritaria que hay detrás de los intentos para sobrerregular diversos aspectos de internet a fin de menguar su potencial democratizador y evitar que la narrativa y el desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales.

Desde el populismo punitivo, desfilaron una serie de iniciativas legislativas mal hechas y poco pensadas, las cuales brillan por sus deficiencias técnicas y por el impacto corrosivo que pueden llegar a tener en el acceso y uso de internet, así como sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital. El colmo fue la reciente iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales. Con el pretexto de la supuesta censura privada ejercida por las empresas propietarias de las redes, el senador intenta imponer la censura de Estado. Hasta el momento de la redacción del presente informe, su propuesta continúa en discusión.

Durante 2020, identificamos 15 iniciativas que fueron presentadas formalmente ante los congresos federal o locales y, de éstas, ocho fueron aprobadas y publicadas. Todas, con serias deficiencias técnicas que evidencian desconocimiento del funcionamiento de internet, pero que tienen como resultado inmediato la pretensión de controlarlo, a través de diversas modalidades de regulación: generación de nuevos tipos penales, reglamentación de intermediarios y de medios de comunicación en línea o intervención en los mercados digitales.

La más preocupante fue la reforma aprobada a la Ley Federal de Derechos de Autor, que incorporó el mecanismo de “notificación y retirada”, misma que ha sido fuente de abusos contra portales informativos mexicanos que publican contenidos de interés público.

Abundaron pretextos como la falta de contenidos nacionales en las plataformas de streaming, la protección de la privacidad, los derechos de autor, la ciberseguridad o la desinformación.

Otro aspecto de 2020 fueron las protestas feministas que llenaron las calles y las redes sociales en diversos estados del país.

López Obrador equiparó a violencia los actos de expresión de miles de mujeres. Lo mismo ocurrió con otras prominentes autoridades, como la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, quien emitió declaraciones estigmatizantes y que pusieron en riesgo la integridad física y emocional de las manifestantes; o el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, que legitimó el uso de la fuerza abusivo y desproporcionado contra manifestantes y periodistas en las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en León.

Estas formas de organización en las redes sociales enfrentan grandes y persistentes retos, pues por un lado se incrementan los ataques digitales contra las mujeres y por el otro, las normas comunitarias de plataformas como Facebook pueden obstaculizar la legítima expresión de agrupaciones aduciendo criterios como “sensacionalismo” o “violencia extrema”

Lo anterior demuestra la urgencia de que las plataformas digitales adopten principios de derechos humanos en su proceder, mayor transparencia de los mecanismos de moderación de contenidos, que ofrezcan un debido proceso a sus usuarias y usuarios, y contar con mecanismos de apelación efectivos. Mientras persistan serias carencias en la moderación de contenidos, más y más Estados encontrarán la justificación perfecta para adoptar legislaciones que intenten regular los contenidos en internet.

05

El desmante-

lamiento de

la protección

de derechos

En un contexto de descalificaciones y creciente polarización, el actual gobierno federal ha emprendido acciones de descrédito, debilitamiento o franco desmantelamiento de instituciones con competencias en materia de derechos humanos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el INAI y la CNDH.

Quizás la más golpeada ha sido la CEAV, que se está desmantelando gradualmente, sin importar el desamparo en el cual se sume a miles de víctimas. Un nuevo portazo en la cara de estas personas a cargo del Estado mexicano, que ha sido incapaz de garantizarles verdad, justicia y reparación.

Agobiada por multas, juicios, protestas, corte de recursos, rezago y falta de atención, la CEAV se ve incapaz de cumplir con su mandato principal. Asimismo, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) —en el que concurren diversas instituciones de los poderes Legislativo y Judicial, y la CNDH— ha quedado en el papel, ya que ni siquiera se conocen informes públicos sobre cómo ha operado desde su creación, en 2014.

La CEAV y sus deberes hacia las víctimas también se verán mermadas por la determinación del Congreso de la Unión de desaparecer múltiples fideicomisos del Ejecutivo federal, entre ellos el Fondo de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).

Otra institución que ha fallado a las víctimas y continúa sin combatir efectivamente la casi total impunidad que existe en México es la Fiscalía General de la República (FGR). Al ser creada y dejar atrás a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), despertó grandes expectativas de que que contaría con autonomía, sin embargo, no se han visto cambios sustantivos que apunten en ese sentido.

En 2020, la tasa de impunidad en delitos contra la libre expresión se ubicó en 98%.

También resulta difícil hablar de resquebrajamiento del pacto de impunidad cuando atendemos a los pocos avances en los macroprocesos de actos de corrupción (Odebretch o la Estafa Maestra), los cuales más bien se han prestado a un uso político desde la tribuna presidencial. Son pocos, y constreñidos a unos cuantos casos, los avances en materia de violaciones graves a derechos humanos.

Alejandro Gertz Manero, está más preocupado por abrogar la actual Ley Orgánica de la FGR y crear un nuevo marco de actuación que por atender la grave crisis de derechos humanos. Hasta el día de hoy, el fiscal ha incumplido con su obligación de elaborar, con participación de la sociedad civil, el Plan de Persecución Penal y y de integrar el Consejo Ciudadano.

Otra institución que se encuentra en serio peligro es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su más reciente informe estadístico, publicado en junio de 2020, reporta 1262 personas actualmente beneficiarias. El número de quienes solicitan su amparo cada año se suma al de las personas que no pueden salir del Mecanismo, debido a que el riesgo persiste y a la ausencia de una política de Estado que atienda sus causas estructurales, lo cual mantiene a la institución al borde del colapso. Dos personas periodistas beneficiarias del Mecanismo fueron asesinadas.

Los recursos que se asignan año con año para medidas de protección son insuficientes. Incluso, desapareció el fideicomiso que concentraba el presupuesto destinado a estas medidas. No hay claridad sobre la apuesta política que implica su existencia; no existe intención clara de impulsar una estrategia que revierta las condiciones de riesgo a las que se enfrentan los medios en el país, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Es difícil y hasta paradójico que el presidente diga tener entre sus prioridades la protección de la prensa, cuando más bien ha mostrado su virulencia hacia ella.

Históricamente alejada de su tarea de defender, promover y proteger los derechos humanos, la CNDH no ha mostrado signos de verdadero cambio.

La CNDH ha omitido anunciar oportunamente el inicio de las nuevas investigaciones y ha evadido condenar públicamente violaciones graves de los derechos humanos, así como fijar su postura respecto a la aprobación de leyes regresivas en esta materia.

En casos particulares, como el de Notimex, la CNDH ha optado por burocratizar y ralentizar aún más los procesos de investigación de la queja presentada por las víctimas, desvirtuando la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos al calificarlos como un “conflicto laboral”. Se ha desentendido de investigar e informar, con base en sus facultades, sobre violaciones graves a derechos humanos.

Los derechos de las víctimas, en general, y de los periodistas agredidos por su labor, en particular, siguen sin contar con un entramado institucional que los proteja y garantice con eficacia. La realidad que encontramos es una de estancamiento o franco desmantelamiento de las instituciones existentes para tutelarlos.

Además, durante 2020, el Congreso de la Unión llevó a cabo 50 designaciones en instituciones alejadas de los estándares de máxima publicidad y transparencia, sin mecanismos efectivos de participación, con serias dudas sobre la independencia o autonomía de los designados, al tener cercanía con el partido gobernante o con el titular del Ejecutivo federal, o por haber formado parte de su gabinete.

06

La disculpa

por el pasado

y la negación

del presente

A dos años de haber ganado la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador afirmó que “nunca se ha reprimido al pueblo, ni hemos permitido masacres, se eliminó la tortura y otras violaciones a los derechos humanos, que eran prácticas habituales en otros gobiernos”.

Observamos una tendencia a la negación de la ocurrencia en el presente de violaciones a los derechos humanos como tortura, desapariciones y masacres.

Las declaraciones pretenden borrar lo que es una realidad a nivel nacional: que siguen ocurriendo, que las cifras de homicidios y feminicidios se siguen incrementando, que las personas siguen siendo desaparecidas y torturadas, que los hallazgos de fosas clandestinas no disminuyen, sino que se multiplican en todo el país y que poco se está haciendo para generar cambios profundos.

La persistencia de esta negación impacta directamente en la garantía plena del derecho a la información que asiste a las víctimas y a la sociedad.

Cuando la figura presidencial insiste en la inexistencia de las violaciones de los derechos humanos, no sólo se está desinformando a la sociedad, sino que también se niega la experiencia de las víctimas de masacres, desapariciones, torturas, feminicidios y homicidios. Se viola el derecho a la verdad y se revictimiza a aquellas personas que las han sufrido, al negar sus vivencias.

En estos mismos dos años, han tenido lugar actos de disculpa pública; se ha informado de acciones simbólicas; se ha anunciado la apertura de archivos relacionados con estos crímenes y se ha creado una Comisión Presidencial de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

No obstante, no se han creado los mecanismos suficientes para garantizar justicia en todos los casos de violaciones graves de los derechos humanos.

Fue hasta diciembre de 2020 que se presentó, dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, una “estrategia para implementar medidas encaminadas a la construcción de paz y garantía de los derechos a la memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de violaciones graves de derechos humanos”. Seguimos pendientes de conocer cómo se cristalizará esa estrategia en acciones concretas.

El gobierno ha hecho uso de estrategias fallidas de administraciones pasadas al profundizar la militarización de la vida pública, lo cual tiene relación directa con el incremento de casos de uso ilegítimo de la fuerza y de torturas, así como de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones. Sigue la deuda pendiente en lo que respecta a la memoria, justicia legal y garantías de no repetición.